Hace varios días, la Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España apelaba al Gobierno la transposición de la Directiva Whistleblowing. La directiva ofrece protección a los empleados del sector público y privados si aportan de buena fe información sobre incumplimientos de la normativa vigente en el seno de las organizaciones.
La red está compuesta por un conjunto de organismos nacionales para la lucha contra la corrupción. Entre los organismos se encuentran las entidades de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana… entre otras. Tras su séptimo certamen, el conjunto de organismos ha reclamado no solo proteger a los denunciantes; sino también que se reconozca su ejemplaridad. En otros países como Estados Unidos, los denunciantes que revelan conductas de corrupción en el seno de sus organizaciones ya reciben recompensas pecuniarias en relación con la cuantía del escándalo.
Garantía de confindencialidad en la Directiva Whistleblowing
Asimismo, la red reitera la necesidad de “accesiones correctoras sobre las personas físicas o jurídicas represaliadoras, que presionan a las personas denunciantes y alertadoras. Estas obstaculizan las investigaciones impidiendo que lleguen a su buen fin, incluso tratando de amedrentar a las personas que investigan los hechos en cumplimiento de la ley”.
Desde esta red también se recalca la necesidad de garantizar la confidencialidad de la información que se aporte en la investigación de casos de fraude y corrupción para lograr que no se revele la identidad de las personas denunciantes o alertadoras, ni cualquier información de la que pudiera deducirse su identificación.
Como ejemplo de buen hacer, el organismo de la Comunidad Valenciana recibió en el 2020 un total de 226 denuncias. De lo que llevamos de año, esta oficina ya ha registrado 187 denuncias, la mayoría relacionadas con procesos selectivos y provisión de personal.
La necesidad de mecanismos antifraude y de lucha contra la corrupción cada día es más común. Y se verá un impulso aún mayor tras la Orden HFP/1030/2021 que exige a las entidades gestoras de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, planes antifraude y anticorrupción para llevar a cabo la gestión de estos.