Se ha dado un nuevo caso que apoya la importancia de una correcta gestión de los riesgos a los que está expuesta cualquier entidad. Concretamente, la Securities and Exchange Commission ha anunciado que Healthcare Services Group ha acordado pagar 6 millones de dólares por incumplir sus obligaciones contables.

Con ello, pretenden zanjar las acusaciones de que la empresa cometió infracciones contables y de divulgación que le permitieron informar de unos beneficios trimestrales por acción (BPA) inflados.

La orden de la SEC concluye que en 2014 y 2015, HCSG, un proveedor de servicios de limpieza, comedor y otros servicios a centros de salud, no acumuló ni reveló oportunamente las contingencias de pérdidas materiales relacionadas con la resolución de un litigio privado contra la empresa. Al no registrar adecuadamente las contingencias de pérdidas en los trimestres apropiados, lo que habría tenido el efecto de reducir los ingresos de la compañía.

Según la orden, el ex director financiero de HCSG, John C. Shea, no dirigió el registro o la divulgación de las contingencias de pérdidas de manera oportuna

La orden también concluye que la contralora de HCSG, Derya D. Warner, realizó otros asientos contables que no estaban respaldados por la documentación adecuada, como lo exigen las políticas de la empresa.

Estos hechos muestran como todo sector está a expuesto a riesgos, que no tratados oportunamente pueden acarrear importantes consecuencias. En este caso, en el ordenamiento jurídico español, estas conductas se traducirían un delito penal de incumplimiento de obligaciones contables, regulado en el artículo 310.

No obstante, estos riesgos penales pueden ser analizados y mitigados oportunamente, lo cual conllevo un significativo beneficio reputacional aparejado. Para un conocimiento integral de la situación de nuestra entidad, es de gran utilidad el uso de software de análisis y gestión de riesgos.


Compaas destaca dentro del mercado como una de las principales opciones, con la ventaja de contar con años de experiencia de profesionales del sector. Además, no sólo permite mitigar riesgos penales, sino también de protección de datos y blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.