El pasado jueves 4 de noviembre, se supo que alrededor de unas 5.500 millones de libras esterlinas destinadas al plan económico británico de reactivación y ayuda contra el coronavirus, se pagaron a defraudadores o se entregaron de forma incorrecta.  

Tras esta noticia, la Unión Europea tiene claro que tendrá que exigir mucho más a los gobiernos. Esto para que no suceda lo mismo que en Inglaterra. Por ello, la UE ha decidido imponer a los estados miembros de tomar las medidas necesarias para prevenir, detectar y corregir el fraude y la corrupción.También para poder recuperar el dinero perdido en caso de apropiación indebida.  

Gracias a esta medida se da un paso más en la apuesta por programas Compliance centrándose en la gestión de riesgos del ámbito público. Actualmente, el sector público español no es de los más concienciados en el ámbito del Cumplimiento Normativo a nivel internacional. Lo que hace que esta exigencia sea también una oportunidad para permitir a las entidades públicas desarrollarse en un marco normativo; que garantice no solo el cumplimiento de la ley, sino también los principios éticos de conducta.  

Por ello, el ministerio de Hacienda ha decidido aprobar dos ordenes ministeriales que regulen el sistema de gestión de fondos europeos. Las entidades públicas cuentan con un plazo de 90 días para aprobar un Plan de Medidas Antifraude desde que tienen conocimiento de que participan en la ejecución del plan de recuperación. 

Desde UBT Legal & Compliance, contamos con COMPAAS, la mejor herramienta del mercado en materia de antifraude y anticorrupción. La cual facilitará a las entidades públicas que han solicitado o tienen previsto solicitar el plan de recuperación a incrementar el plan antifraude exigido; mediante el asesoramiento de nuestros mejores expertos.  

AGENDAR DEMO